Decíamos, entre otras cosas, que la cifra a la que se llegaba reflejaba lo que las editoriales estaban dispuestas a pagar y no lo que debieran pagar. También, que, pese a la sugerencia de que ésa debía ser la tarifa mínima de referencia, las editoriales la tomaban como máxima y que, cuando se las cuestionaba, se escudaban en que la AATI proponía eso, no queriendo advertir que hay una diferencia sustancial entre lo mínimo y lo justo. Por su parte, la institución nada dice respecto de ese abuso.
De lo dicho, también se desprende que la AATI (a diferencia de la española ACETT, que, en más de una oportunidad fue puesta como su modelo), si bien asesora a sus socios sobre contratos y brinda asesoría jurídica ante conflictos entre traductores y editoriales, no denuncia las malas prácticas (pagos por debajo de la tarifa mínima, demoras en la realización de esos pagos, etc.), con lo cual, su "defensa" de los traductores literarios se limita a cuestiones tan discretas que, puede decirse, asumen la calidad de secretas.
Desde la publicación de esas líneas, no hubo respuesta alguna ni tentativa de justificación. La política de la AATI parece consistir en esquivar las críticas y dejar todo como está, acaso especulando con que la memoria del escándalo, al menos en la Argentina, suele ser breve.
De hecho, en el tiempo transcurrido, hubo nuevos índices oficiales de inflación, pero las "tarifas mínimas de referencia" de la AATI para la traducción literaria siguen siendo las mismas y equivalen a casi un tercio de lo que ganan los traductores literarios de la región, aun cuando el precio de tapa de los libros sea prácticamente el mismo de un país a otro.
Off the record, la respuesta suele ser la misma: en la medida que haya más traductores literarios asociados a la AATI, habrá una base estadística mayor para poder dirimir cuestiones de tarifas. Cabe entonces preguntarse por qué la AATI, con independencia de lo que respondan sus socios en los cuestionarios ad hoc, no sale a buscar otras referencias, contentándose con los "valores del mercado", que son los impuestos por las editoriales.
¿No va siendo entonces hora de que los traductores literarios nos preguntemos qué representatividad tiene la AATI y para qué sirve? Luego, su manera discreta de proceder, ¿no atenta seriamente contra nuestros intereses? ¿No será que en ese comportamiento timorato hay algo así como una estrategia? ¿No se tratará de que, más que interesarse en los abusos sufridos por los traductores literarios, a la AATI le interesa vivir en armonía con las editoriales, las cuales le dan entidad porque eso las beneficia, en lugar de defender realmente a los traductores?
Jorge Fondebrider